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El Estado de Derecho no es, solamente, el Congreso de los Diputados, por importante que sea su misión, que por cierto no fue interrumpida, obstruida, ni incomodada en ningún momento. También son los ciudadanos, individuales y colectivos, ejerciendo sus derechos constitucionales. Y son los jueces juzgando, y son los profesionales de la salud, y los educadores, cumpliendo sus respectivos cometidos constitucionales. Y el derecho al trabajo, y los demás derechos constitucionales. Y las obligaciones de una policía democrática.

El artículo 104 de la Constitución dice que «las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana». El artículo 2 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad impone el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza. El artículo 18 del Real Decreto de Policía Nacional exige portar el número de identificación personal en forma visible. Todo esto es el bloque del Estado de Derecho a que debería referirse nuestro Fiscal General.

Deslegitima al Estado de Derecho que los mandatos legales sobre la actuación policial se incumplan impunemente. Y, al parecer, esto es lo que sucedió en Madrid el 25 de Septiembre. No se protegió a los manifestantes. No se guardó proporcionalidad en el uso de la fuerza. (Pegaron hasta a los policías infiltrados, fueran o no provocadores. Que no se qué es peor). Se ocultó la identificación personal del uniforme, que habría permitido su inmediata imputación. También deslegitima al Estado de Derecho el menosprecio al ejercicio del derecho de manifestación y a la libertad de expresión de Cataluña, del 11 de Septiembre. Mucho me temo que el Fiscal General no se refería a estas flagrantes deslegitimaciones del Estado de Derecho en bloque.

Ante tanta deslegitimación, añadida a tantísimas privaciones, necesidades inaplazables insatisfechas, frustraciones sociales y políticas, indignación y hartazgo, no es lícito remitir a los ciudadanos, únicamente, a expresar su descontento en las próximas elecciones. Es razonable, y hasta exigible, que los ciudadanos cumplan con la única parte del «bloque del Estado de Derecho» que está inmediatamente a su alcance, sin modulaciones, y sin ser tildados de «tontos útiles» o similares.

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(Léelo íntegro en http://www.huffingtonpost.es/jose-maria-mena/a-la-calle-que-ya-es-hora_b_1941996.html?utm_hp_ref=spain)